La penetración de la Industria farmacéutica en la salud ha conformado un complejo entramado de intereses y connivencias que interactúa con todo el sector. La Industria financia la formación profesional, un espacio “abandonado” frívolamente por la administración pública, con cursos, congresos, viajes, comidas, ponentes… y evidentemente no a coste cero. Los centros sanitarios abren sus puertas a los visitadores que con obsequios, de mayor o menor cuantía (presentados como “oportunidades educativas”) generan una cultura de patrocinio que afecta a la autonomía profesional y a la racionalidad de la prescripción.
El Informe 2006 de “Transparencia Internacional” denuncia la “vulnerabilidad de los sistemas sanitarios” por su “complejidad” y en especial la Farmacia (con un gasto global de 500.000$ millones al año) por el “gran número de actores involucrados en la cadena del medicamento”. El “marketing agresivo” de las farmacéuticas es identificado como el primer responsable. Una realidad inaceptable cuando la población del tercer mundo tiene difícil el acceso a los medicamentos esenciales.
La inversión de la Industria en Marketing es enorme (31% del total) comparada con el 14% que dedica a investigación… La industria paga más del 90% de la formación continuada: establece la agenda, paga a los ponentes… y esto es, sin duda, marketing. Los pacientes también son parte del entramado con subvenciones a sus asociaciones y a la edición de revistas y libros. Además, buena parte del marketing es información “sobrevalorada” de nuevos medicamentos que son más caros al estar protegidos por patentes (sin versiones genéricas) aunque el 80% de estos medicamentos no aporten nada nuevo, son los llamados “me too”, por similitud con los ya existentes. Mientras, el gasto farmacéutico crece por encima de otros capítulos, superando el 30%, sumada atención primaria y hospitalaria, del total del gasto sanitario público. Si se mantiene esta tendencia en pocos años se equipara a los costes de personal de todo el SNS.
Somos conscientes, a la hora de hacer público este manifiesto, que las prácticas irregulares y su persistencia en el tiempo, tienen para la mayoría de los profesionales una consideración de “normalidad”, de poco valor ético. Pero hay suficientes pruebas de que la intervención de la Industria interfiere en la adhesión a las guías de práctica clínica y en la calidad de la atención farmacéutica.
La plataforma no tiene una vocación testimonial, su intención es incluir a los profesionales en la buena práctica, y no la condena o la confrontación, es recabar apoyos, dentro y fuera del ámbito sanitario, contando lo que ocurre con rigor y sin sensacionalismos. La situación ha tocado fondo y queremos objetar estas “ayudas” que lo son a corto plazo, pero que a la larga representan un elevado coste intelectual y económico, para una sociedad que quiere mantener y mejorar su estado del bienestar.
Lo que no se dice del gasto farmacéutico
Urge un pacto serio entre todas las partes implicadas y que no se propicie la indefensión del sector e, indirectamente, la calidad del servicio a los pacientes
26.07.11 – 02:38 –
ÁLVARO DOMÍNGUEZ-GIL HURLÉ | DOCTOR EN FARMACIA
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La economía española presenta en estos momentos dos problemas agudos: el déficit de las administraciones públicas y el porcentaje de paro más alto de toda la OCDE. El déficit tiene su origen en un gasto irracional del sector público, del Estado y particularmente de las comunidades autónomas y ayuntamientos, que, tras las elecciones municipales y autonómicas, comienzan a corregirse. Sin embargo, el gasto sanitario quizá sea el menos irracional de todos y dentro de él el gasto en medicamentos a través de recetas, es el más controlado. Al analizar los grandes números con que se refiere al gasto sanitario-en realidad, la clase política que sea- siempre se está refiriendo al «gasto de medicamentos» porque creen que la piedra filosofal que les cuadrará el círculo del agujero (déficit) económico por ellos generado, está en la modificación constante y despiadada del precio del fármaco.
Resulta muy difícil entender los graves y grandes problemas por los que atraviesa este sector, siempre atacado y criticado, al desconocer el ciudadano de a pie los beneficios directos e indirectos que el Estado y las autonomías reciben del sector farmacéutico. Grandes sumas de dinero que es necesario explicar y aclarar ante las opiniones vertidas por tantas personalidades políticas con alto grado de ‘erudición/formación académica’ y para conocimiento de los usuarios del Sistema Nacional de Salud. Ningún sector de la economía nacional devuelve una cantidad de dinero tan importante de sus propias ventas como lo hacen las oficinas de farmacia, porque desde 2000 era necesario ayudar a sostener el actual sistema sanitario (RDL 5/2000). Para que lo entiendan, y solo con este real decreto, hemos pasado de entregar (devolver) 62,8 millones de euros en 2000 a 552 millones en 2010. Esto, sin embargo, es sólo un pequeña muestra de todo lo que viene ocurriendo desde hace 12 años, en los que los distintos gobiernos han implantado más de 20 grandes medidas de regulación económica, que han afectado a la rentabilidad del sector farmacéutico, sin lograr una contención estable hasta 2010, en que aparecen los reales decretos leyes que, en condiciones normales, habría que calificar de incautatorios, pero que la crisis nos hace soportar como uno de tantos sacrificios que afectan a nuestra sociedad (bajada del sueldo a los funcionarios, congelación de pensiones, etcétera).
Las medidas de 2010 están produciendo crecimientos negativos, todavía limitados en ese año (-2,6%), y ya previsiblemente más patentes a partir de 2011, en que se estima una reducción del -8%. Es posible que se mantenga el decrecimiento por lo menos en 2012 e, incluso, aunque algo menor, hasta 2015. Las cantidades entregadas (que retornaron al Estado ) por las oficinas de farmacia en 2010 ascendieron a 691 millonesde euros, de los que cada comunidad recibió una parte. Con la caída de ingresos, la sobresaturación del sector, el aumento de las deducciones (o entregas o devoluciones obligatorias por decretos) al Estado se va a impedir y limitar el empleo, hasta el punto en que llegará a perjudicar el servicio que prestan las farmacias (considerado excelente por diferentes organizaciones de consumidores), incluyendo la supervivencia de las mismas en núcleos poblaciones de menos de 1500 habitantes (otro problema para el Estado de bienestar y más paro).
Las soluciones que hay que poner en marcha para una adecuada financiación de la sanidad indican que, de momento, son necesarios unos 15.000 millones para liquidar situaciones del pasado y que va ha ser necesario aumentar por lo menos 1 punto del PIB dedicado a la sanidad para que estas situaciones no se produzcan. Pero la realidad es que aún no existe una oferta concreta de ningún partido político para financiar adecuadamente la sanidad. Las medidas que urgentemente se quieren aplicar no solo no van a solucionar nada que no sea el empobrecimiento mayor de un sector, como la industria farmacéutica, fuente importante de ingresos al Estado, sino que se trata de aplicar parches sin efecto terapéutico. La creación de comités de estudio indica que hasta ahora no se ha trabajado ni adelantado nada, pero demuestra que se sigue invirtiendo en asesores y en asesores de asesores, para ver quién encuentra la solución a la cuadratura del círculo, es decir, que los ciudadanos no se pongan enfermos.
Lo que sí urge es un pacto serio entre todas las partes implicadas y que no se propicie la indefensión del sector e, indirectamente, la calidad del servicio a los pacientes. Si la industria farmacéutica se ve obligada continuamente a trabajar con el concepto de ‘el de menor precio’, ¿ podría llegar esto a afectar la calidad del medicamento o que deje de fabricarse por no cubrirse los gastos de fabricación? Hay que tener en cuenta que una caja de medicamento es, en muchos casos, mucho más barata que una Coca-Cola, una golosina o un café, y mientras que de éstos podemos prescindir, no así del medicamento, que es un bien esencial de carácter universal .
Actualmente, todos los sectores parecen estar de acuerdo en que debe recetarse por principio activo. Sin embargo, cuando el medicamento pierde la patente y pasa a tener precio de conjunto de referencia, da igual ya su nombre de fantasía. El laboratorio lo ha bajado de precio y vale igual. ¿Cómo justifica el Ministerio de Sanidad que no se pueda dispensar el nombre comercial de origen si está al mismo precio que los demás del grupo, el paciente tiene derecho a seguir tomando la misma medicina y no hay razón económica para cambiar de laboratorio? ¿Se imaginan qué efecto va a tener esta irracional medida sobre los pacientes polimedicados y su cumplimiento terapéutico con el lío de cajas y nombres que han de aprender de nuevo y su utilidad? No, no es solo una cuestión de supuesto ahorro, puesto que estos medicamentos cuestan exactamente igual. Es que el Gobierno no sabe cómo hacer desaparecer buena parte de la industria farmacéutica nacional, con sus constantes improvisaciones y parches-placebo.
Mientras tanto, a escala estatal, crecen o siguen los gastos en embajadas, EREs, telefonías, créditos blandos a altos cargos, obras faraónicas de dudosa efectividad y costosísimo mantenimiento, escándalos económicos y laborales, subvenciones, etcétera, gastos sin control sobre los que no existe voluntad de recortar o controlar.
Lo que sí está claro es que el gasto a través de recetas está controlado y que deben ser otras partidas del gasto sanitario las que a partir de ahora deban clarificarse. Particularmente, el gasto en medicamentos en hospitales, cuyo crecimiento en los últimos años se estima en un 40%. La sostenibilidad del sector sanitario seguirá sin solucionarse porque las medidas adoptadas carecen de efectividad.